Desde la UPEV advierten que la prohibición de sabores pone en duda la viabilidad del sector entero y contiene un impacto considerable en las arcas públicas y la recaudación tributaria derivada de la ley 7/2024 aprobada hace apenas un año y medio. Y esta asociación considera que resulta contradictorio que, mientras las Cortes Generales gravan estos productos con un impuesto especial en vigor desde 2025, el Ejecutivo pretenda prohibir por reglamento aquello que la ley acaba de someter a tributación.

El análisis parte de los listados oficiales del Ministerio de Sanidad, que recogen los productos legalmente comercializables y se actualizan cada mes.

De los 43.448 productos autorizados en España, solo 1.963 tienen sabor a tabaco: el 4,5% del catálogo. El 95,5% restante corresponde a sabores distintos, con un 49% de frutales, un 36,5% de dulces y otras combinaciones y un 10% de mentolados.

La consecuencia tributaria es directa. Si la prohibición se aprueba en los términos del borrador, quedaría excluido del impuesto el 95,5% del mercado actualmente gravado. Con los datos de 2025, la recaudación pasaría de unos 32 millones de euros a en torno a 1,4 millones, una pérdida de aproximadamente 30,56 millones. El informe subraya que no se trata de una contracción parcial de la base imponible, sino de la práctica desaparición del mercado gravable.

A este efecto se suma el riesgo de desplazamiento hacia la economía sumergida. El informe advierte de que, sin una ordenación del canal que concentre la venta en estancos y tiendas especializadas, más del 90% de la comercialización saldría del circuito legal, con la consiguiente pérdida de control sanitario, de control de la venta a menores y de capacidad recaudatoria.

UPEV reclama que la dimensión fiscal se incorpore al análisis de impacto normativo y propone tres alternativas que permitirían alcanzar los objetivos de salud pública sin destruir el tributo: regular el etiquetado para eliminar los elementos gráficos o descriptivos que puedan resultar atractivos para los menores; establecer un sistema de licencias que reserve la venta a puntos especializados y estancos, lo que además reforzaría el cumplimiento normativo y la eficacia recaudatoria; y, si finalmente se considerase necesaria una restricción de sabores, mantener los frutales, los mentolados y el tabaco, eliminando únicamente los dulces y de pastelería.

El informe recuerda, además, que una prohibición total de los sabores distintos al tabaco se aparta de la Directiva 2014/40/UE, que no contempla esa restricción.

Las cifras clave

• · 43.448 productos autorizados hoy en España.
• · 1.963 seguirían siendo legales: el 4,5% del catálogo.
• · 95,5% del mercado gravado quedaría excluido del impuesto.
• · 32 millones de euros recaudados en los primeros nueve meses del impuesto.
• · 31 millones de euros recaudados en lo que llevamos de 2026.
• · 1,4 millones de euros: la recaudación que quedaría tras la prohibición.

Descarga aquí el informe completo Análisis de impacto del proyecto RD 579/2017 en la recaudación del impuesto especial aplicable a los líquidos para cigarrillos electrónicos.