Desde la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV) queremos trasladar nuestra preocupación por el tratamiento informativo que algunos medios están realizando sobre el reciente caso de hemorragia pulmonar asociado, en determinadas noticias, al uso de dispositivos de vapeo.

Se están publicando titulares y piezas informativas que presentan como hechos probados cuestiones que, según la información disponible, siguen siendo objeto de análisis e investigación:

– Se ignora el hecho de “no causalidad probada”.

– No se menciona que se trata de un producto ilegal, que no ha superado los criterios y obligaciones para su comercialización en España, excediendo los 2ml de líquido y el millar de caladas permitido por ley en España.

– No se explica que se relaciona con un producto fuera de los estándares regulatorios, limitando su extrapolación a dispositivos correctamente regulados.

Es más, se ignora uno de los principios básicos de la ciencia, que es que “un caso clínico aislado nunca genera evidencia científica por sí solo” y que “no permiten establecer relaciones de causa-efecto de forma concluyente” o que “los casos clínicos aislados no son generalizables y pueden estar sujetos a sesgos de publicación”. 

Atendiendo directamente a la información de la fuente, el Dr. Salgado, se extrae que:

– “La principal hipótesis es que el aparato de vapeo dejó de hacer una combustión normalizada”.

– “El líquido de vapeo empezó a recalentar y a producir moléculas que a priori no tenían que producirse”.

-“No se puede atribuir una relación de causalidad hasta completar el análisis del producto”.

– “La excepcionalidad de este caso ha llevado a Salgado a presentarlo ante la comunidad científica internacional en Vilnius con el objetivo de impulsar un registro europeo de EVALI, como ya existe en Estados Unidos”.

– Y sobre este tema del EVALI, “82% de los casos se asoció al consumo de dispositivos con derivados del cannabis que contenían acetato de vitamina E adquiridos en el mercado informal”.

Estas matizaciones son esenciales para evitar interpretaciones generalizadoras y titulares alarmistas que falten a la verdad. Por ello, desde UPEV apelamos al Código Deontológico de la FAPE y al deber de contrastar las fuentes, diferenciar entre información y opinión, evitar dar afirmaciones poco fundamentadas y, sobre todo, permitir a las partes afectadas aportar su visión. La información sanitaria exige un especial compromiso con el rigor, la verificación de los hechos y el contraste de fuentes. 

Conviene recordar que el sector legal del vapeo en España opera bajo una regulación estricta, con requisitos de fabricación, notificación, trazabilidad, etiquetado y control sanitario. Entre estos requisitos se encuentran la obligatoriedad de presentar estudios toxicológicos de cada componente del líquido de cigarrillos electrónicos previamente a su comercialización en el territorio europeo en el portal EUCEG y un segundo registro de etiquetado ante el ministerio de Sanidad. Sin dichas autorizaciones estos productos no se pueden comercializar.

Llevamos más de 15 años trabajando de manera legal, ética y profesional, ofreciendo productos que cumplen con la normativa vigente. Por ello, el debate no debería centrarse en generar alarma alrededor del vapeo regulado, sino en cómo proteger eficazmente a los consumidores frente a aquellos productos que operan al margen de la ley.

Cada vez que un producto ilegal llega al mercado, se pone en riesgo la salud pública, se facilita el acceso de menores y se perjudica a las empresas que cumplen con todas sus obligaciones. Además, siempre hemos tenido total disposición de colaborar con los profesionales de la información, aportando datos, contexto regulatorio y la visión del sector cuando así se considere oportuno. 

La atribución prematura de responsabilidades sin evidencias concluyentes genera alarmismo y confusión entre los consumidores y causa un perjuicio reputacional y económico a empresas, autónomos y trabajadores que desarrollan su actividad dentro de la legalidad.

Por todo ello, UPEV está analizando de manera individualizada aquellas publicaciones que pudieran contener afirmaciones manifiestamente inexactas, informaciones no contrastadas y/o falsas, o contenidos potencialmente lesivos para la reputación del sector, reservándose el ejercicio de las acciones legales y de otra índole que pudieran corresponder en defensa de sus legítimos intereses.

La salud pública, la información veraz y el respeto a los principios básicos del periodismo exigen prudencia, rigor y responsabilidad.